El abogado Ignacio Barrios logró que el caso contra el intendente de La Matanza por abuso sexual vuelva a discutirse en tribunales.

El expediente por presunta violencia de género contra el intendente Fernando Espinoza volvió a moverse en la Justicia y, aunque el funcionario había sido sobreseído meses atrás, la causa todavía no quedó cerrada. Ahora, con nuevos escritos presentados ante la Cámara Nacional de Casación, tanto la querella como la defensa coinciden en que el caso deberá discutirse en una audiencia oral.

El caso se originó a partir de la denuncia presentada por Melody Rakauskas, quien acusó a Espinoza por presuntos hechos de abuso sexual y desobediencia. Según la imputación impulsada por la querella y la fiscalía, el episodio principal habría ocurrido en mayo de 2021, cuando la mujer trabajaba en el ámbito político vinculado al municipio de La Matanza.

De acuerdo con la acusación, Espinoza habría concurrido al domicilio de la denunciante durante la noche y, en ese contexto, se habrían producido situaciones de connotación sexual no consentidas. La investigación avanzó durante varios años con medidas de prueba, declaraciones testimoniales, pericias sobre teléfonos celulares y distintos planteos de las partes.

En paralelo, la causa estuvo atravesada por una fuerte disputa política y mediática debido al peso institucional del acusado y a las reiteradas exposiciones públicas realizadas tanto por la denunciante como por el entorno del jefe comunal.

El expediente había quedado en condiciones de avanzar hacia el juicio oral, pero el proceso sufrió un giro a comienzos de este año cuando el TOC N°16 resolvió apartar a Rakauskas de su rol de querellante. El tribunal entendió que existió una falta de impulso de la acción penal privada luego de que la denunciante quedara transitoriamente sin representación legal.

A partir de esa interpretación, los jueces declararon la falta de acción, dispusieron el sobreseimiento de Espinoza y dieron por cerrado el caso. Sin embargo, la resolución nunca quedó firme.

La denunciante apeló ante la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, designó un nuevo abogado patrocinante —Ignacio Fernando Barrios— y ratificó el recurso ya presentado contra la decisión del tribunal oral.

En el escrito, la querella sostuvo que la exclusión de Rakauskas fue “arbitraria y desproporcionada” y argumentó que nunca existió abandono del proceso ni desistimiento de la acción penal. Según señalaron, la mujer había solicitado plazo para nombrar una nueva defensa técnica y continuar el trámite hacia el debate oral y público.

La presentación también cuestionó que el tribunal no hubiera aplicado medidas menos gravosas antes de adoptar una decisión de máxima consecuencia procesal, como el cierre definitivo del expediente. En ese contexto, el nuevo patrocinio pidió que se declare la nulidad de la resolución, se restituya a la denunciante como querellante y se revoque el sobreseimiento dictado en favor del intendente.

Fuentes vinculadas al expediente sostienen que el eje central de la discusión en Casación pasa ahora por determinar si la querella conservaba legitimidad para continuar interviniendo en el proceso pese al cambio de abogado y si el TOC N°16 actuó correctamente al declarar extinguida la acción.

Mientras tanto, tanto la querella como la defensa impulsaron nuevas presentaciones ante la Cámara.

Por un lado, los abogados defensores de Espinoza, María Paola León y Germán González Campaña, solicitaron formalmente la realización de una audiencia oral en los términos del artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación para exponer sus argumentos respecto del recurso de casación interpuesto.

En ese escrito, además, reclamaron que la audiencia no sea grabada, filmada ni fotografiada por terceros ajenos al tribunal. Según manifestaron, el pedido se fundamenta en antecedentes donde la denunciante habría tomado imágenes y videos de integrantes de la defensa y de la fiscalía para luego difundirlos en redes sociales acompañados de agravios y datos personales.

La querella contestó esa presentación y aceptó la realización de la audiencia oral, aunque pidió que cualquier medida de resguardo no implique una afectación de los derechos de la denunciante ni derive en situaciones de estigmatización o revictimización.

Además, remarcaron que el objeto de discusión debe limitarse exclusivamente a la revisión jurídica de la resolución apelada y no a aspectos personales ajenos al recurso.

En paralelo, también se conoció un oficio electrónico judicial mediante el cual la jueza de cámara Inés Cantisani remitió nuevamente el expediente a la instancia superior para la continuidad del trámite procesal.

En ese escenario, aunque Espinoza fue sobreseído por el tribunal oral, la situación judicial del intendente todavía no quedó definitivamente resuelta. La decisión final dependerá ahora de lo que determine la Cámara de Casación, si confirma el criterio del TOC N°16, el expediente quedará cerrado, pero si revoca la resolución cuestionada, la causa podría reabrirse formalmente y encaminarse hacia un juicio oral y público.